Ayotzinapa:
retrato de un crimen
La desaparición de los 43 estudiantes
normalistas desnudó por completo al Estado mexicano, no solo por el manto de
impunidad en que ha caído este caso, sino por su condición de rehén de los
grupos criminales vinculados al negocio del narcotráfico.
El
26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero (al sur de México)
fueron atacados por policías de esa localidad y hombres enmascarados, dejando
saldo de seis jóvenes muertos y 43 desaparecidos.
A 2 años de uno de los casos más polémicos de la historia de
México, Tomas Zerón, el máximo responsable de la Fiscalía
Federal de México (PGR), ente que lleva a cabo la investigación de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa es acusado por la
institución de cometer irregularidades en el levantamiento de las
evidencias donde se halló el único cuerpo de uno de los normalistas
desaparecidos.
De acuerdo con las primeras experticias los normalistas,
como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para la marcha del 2 de
octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.
El día de la agresión, estos regresaban de una manifestación
estudiantil que terminó en un enfrentamiento con varios cuerpos de seguridad,
en protesta contra la discriminación que sufren en el reparto de plazas en
favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aseguró que no se enteró de los enfrentamientos debido a
que se encontraba en una fiesta. También dijo desconocer el paradero de los
normalistas.
A pocos días del hecho de violencia, Abarca solicitó una licencia
de 30 días bajo el argumento de permitir el avance de las investigaciones;
fue expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); cerró su
cuenta en la red social Facebook y emprendió con rumbo desconocido para las
autoridades.
El cártel de los Beltrán Leyva es una organización delictiva
que opera en Sinaloa, al noroeste de Ciudad de México. Sus líderes
son los hermanos Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva, quienes
estaban a cargo de dos grupos de asesinos conocidos como "Los
Pelones", en Guerrero, y "Los Güeros", en Sonora.
El
procurador de Justicia Estatal, Iñaki Blanco, afirmó en su
momento que la Policía Municipal de Iguala actuó en junto a la
delincuencia organizada para realizar los ataques y acusó al cartel Guerreros
Unidos de las desapariciones.
La agresión contra los normalistas de Ayotzinapa fue repudiada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar el hecho como uno
de los “más terribles de los tiempos recientes”. Por su parte, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de México que
tomara medidas de protección en favor de los desaparecidos.
Mientras
tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto,
prometió "justicia” y calificó de "indignantes, dolorosos e
inaceptables" los sucesos en Ayotzinapa e instruyó al gabinete de
seguridad a esclarecer lo ocurrido, encontrar a los responsables y
“aplicar la ley”.
A finales de octubre de 2014, la
Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) acusó al alcalde de Iguala de
ordenar la agresión contra los estudiantes, para impedir que los
jóvenes irrumpieran en un acto de su esposa. Ambos fueron arrestados en
noviembre de ese año y trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
Omar García, sobreviviente del ataque a
los normalistas, denunció en una entrevista exclusiva para teleSUR que los
estudiantes de las escuelas normales son víctimas del acoso del Gobierno debido
a que se resisten a la privatización de la educación.
Por
otra parte, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, fue
cuestionado por su actuación en el caso y muchas voces, incluidos los
familiares de los desaparecidos, pidieron su renuncia mediante protestas.
Aguirre, quien dijo que solo
renunciaría a su cargo si la mayoría de los habitantes de Guerrero lo pide en una
consulta popular, pidió licencia en octubre de 2014 tras las fuertes críticas
en su contra. Al final, renunció a su
cargo y del PRD.
El
7 de noviembre de 2015, el entonces procurador general mexicano, Jesús Murillo
Karam, anunció que un grupo de nuevos detenidos confesó haber matado a más de
40 personas, que supuestamente serían los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
Un mes después, el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
confirmó que entre los restos humanos encontrados en una fosa común en Iguala,
y que les fueron entregados para analizar, se encontraron los de Alexander
Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Padres
de Normalistas
Con abogados defensores de los DD.HH., los
familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron a inicios de febrero
de 2015 ante Naciones Unidas para exigir que el caso no sea cerrado,
como pretendió el Gobierno de Peña Nieto.
En Ginebra, Suiza, participaron en la sesión del Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, donde entregaron un documento con nueve puntos
a presentar, entre los que destacan:
“Vamos a pedir que se nos escuche, que se
haga justicia, porque yo quiero que me entreguen a mi hijo vivo”, comentó
Bernabé Abraján, padre de uno de los desaparecidos.
.- “La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida
para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra
construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia
gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”.
- “Pese a que desde la noche del 26 de
septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes
estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino
por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa
por las desapariciones, los familiares tuvieron que presentar las denuncias
para que se abrieran los expedientes respectivos”
En marzo, el expresidente mexicano, Vicente Fox, pidió a los padres de los
43 normalistas “aceptar la realidad” ya que “no pueden vivir eternamente con
ese problema”.
Versión oficial y nuevas informaciones
El juez mexicano, Ulises Bernabé García, desmintió en junio la
versión presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), donde
aseguran que en la noche del crimen, él recibió a los normalistas de Ayotzinapa
en la base de la Policía Municipal de Iguala antes de que fueran entregados al
cártel Guerreros Unidos.
El juez sostuvo que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y
que tampoco llegaron policías municipales.
Documentos obtenidos con el apoyo del Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de California en Berkeley, aseguraron que la
noche del 26 de septiembre de 2014, el 27.º Batallón de Infantería y la Policía
Federal de Guerrero estaban operando en las calles de Iguala.
A
11 meses de la desaparición de los normalistas, la PGR informó que
ocho personas resultaron detenidas por estar implicadas en la desaparición de
los 43 estudiantes.
“Soy consciente de que estos hechos han lastimado a la sociedad.
Por ello, me he reunido con los familiares, y he abierto las puertas de la
institución, para que puedan conocer en todo momento el curso de la
investigación”, manifestó la procuradora Arely Gómez González.
Las nuevas pruebas recogidas por el GIEI demuestran que agentes de
inteligencia del Ejército hicieron seguimiento a todos los pasos de los
estudiantes, y que antes de su desaparición fueron detenidos por policías
municipales.
"El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (...) da
cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La
necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales
municipales diferentes (...) que intervinieron esa noche señalan la necesidad
de un nivel de coordinación central que dio las órdenes", señala el
informe reciente.
A pesar de haber declarado en reiteradas oportunidades que su Gobierno está
haciendo frente a las desapariciones, durante la administración
de Enrique Peña Nieto se ha criminalizado las protestas en demanda de
justicia y cambios sociales.
Su gestión tiene un récord de violencia en
el país. Ni siquiera la “guerra contra el narcotráfico” y el crimen organizado
en el mandato de Felipe
Calderón tuvo una cuota de atrocidades similar. De
acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante los primeros 22 meses del sexenio
de Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que
equivale a 40 por ciento, de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente
registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014.
El
caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha servido para mostrar la relación
entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales en México, la debilidad
en la política de seguridad de un Estado que estaría encubriendo las
desapariciones y crímenes de lesa humanidad.
Se puede mencionar como ejemplo la Masacre de Tlataya,
en la que unas 22 personas fueron ejecutadas por efectivos del Ejército
mexicano el 30 de junio de 2014 .
El 6 de enero de 2015, 19 personas fueron asesinadas en el
municipio de Apatzingán, Michoacán, a manos de policías federales; quienes
también el 22 de mayo de 2015 irrumpieron en un rancho ubicado en el municipio
de Tanhuato, Michoacán, tras detectar supuesta actividad delictiva con
presencia del cártel “Jalisco Nueva Generación”.
En circunstancias no del todo claras, el operativo dejó como saldo
42 presuntos delincuentes muertos y un policía federal abatido.
Otro hecho de violencia que conmocionó a México fue el asesinato
del fotoreportero Rubén Espinosa, quien había denunciado al gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de haber convertido a esa ciudad en
un "camposanto", luego de que en este 2015 fueran asesinados 12
periodistas y desaparecido otros tres reporteros.
El Dato: Unos 88 periodistas han sido
asesinados desde el año 2000 en México, uno de los lugares más peligrosos para
el ejercicio del periodismo en el mundo.
Acción
Global por Ayotzinapa
La primera jornada de Acción Global por Ayotzinapa se hizo el 8 de octubre
de 2014, bajo el lema “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más”!
Desde ese entonces, el mundo ha reclamado la aparición con vida de los
estudiantes normalistas y que se enjuicien a los responsables.
En Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, España,
Suecia Reino Unido y en muchos otros países, cientos de miles de
personas se han sumado al reclamo de los familiares de los desaparecidos,
al tiempo que expresan su rechazo al presidente Peña Nieto y las autoridades
mexicanas.
Hasta
el momento se han realizado más de una ventena de movilizaciones a
escala internacional. En todas, el sentimiento es el mismo: que aparezcan con
vida los normalistas.
Lo nuevo
El 23 de septiembre, una semana después de la renuncia de
Tomas Zerón, el máximo responsable de la Fiscalía Federal de
México (PGR), ente que lleva acabo la investigación de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa fue acusado por la institución de cometer
irregularidades en el levantamiento de las evidencias donde se
halló el único cuerpo de uno de los normalistas desaparecidos.
El desencadenante del expediente fue un vídeo presentado por el
grupo de expertos internacionales (GIEI) que durante año y medio estuvo
trabajando de manera paralela sobre el terreno.
El
material audiovisual muestra Zerónl junto con un grupo de peritos en un momento
clave de las indagaciones: en las inmediaciones del basurero de Cocula, donde
presuntamente fueron incinerados los estudiantes y se encontró al normalista
Alexander Mora.
Otro dato que reveló la PGR es que los aparatos telefónicos
de los jóvenes permanecieron activos durante semanas y hasta meses después de
los hechos.
Especialistas de la Fiscalía luego de analizar, procesar e
interpretar establecieron que al menos uno de los policías
municipales de la comunidad de Huitzuco se trasladó desde dicha localidad hasta
el municipio de Iguala y lo hizo con un teléfono celular propiedad de uno de
los estudiantes normalistas.
Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes, el
Ministerio de Justicia mexicano identificó 40 lugares de búsqueda donde
pudieron ser enterrados cuerpos en los municipios de Iguala y Cocula.
Nuevas
tecnologías "esclarecer" el caso
Las autoridades mexicanas utilizan la tecnología Lidar,
desarrollada en Rusia y Alemania, para sobrevolar las comunidades que se sitúan
alrededor del basurero de Cocula y donde presuntamente fueron quemados los
cuerpos.
"Producto de las imágenes captadas hasta hoy se ha venido
haciendo la interpretación de las mismas y tenemos ya una buena cantidad de
lugares identificados como posibles de inhumación, y para esto sería muy
importante seguir trabajando juntos con los familiares, con las víctimas
directas, para establecer acuerdos que permitan ir a inspeccionar esos
lugares", ha precisado el titular de la Oficina de Investigación del caso
Iguala, Alfredo Higuera.
"Como resultado de los trabajos, en una primera fase se
habrían detectado por lo menos 40 lugares en Cocula, Iguala",
precisó.
tomado de TELESUR
